La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) promueve la participación de los asegurados y otros actores sociales en el buen gobierno de las organizaciones administradoras de los seguros sociales en más de 170 países en el mundo. La AISS señala que la gobernanza es el ejercicio de la autoridad de manera responsable, transparente, previsible, participativa y dinámica; desprendiéndose de ello los cinco principios que guían la buena gobernanza. Se desprende la primera pregunta: ¿cómo está la gobernanza en EsSalud?
La Ley 27056, Ley de creación de EsSalud, que se aprobó en enero de 1999 durante el gobierno de Alberto Fujimori, tiene un sesgo autocrático, delegando en el presidente ejecutivo competencias para “organizar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la institución” (artículo 8). Sin embargo, la misma ley señala también que el consejo directivo es el órgano de dirección de EsSalud, establece la política institucional y supervisa la aplicación de la misma. Como se deduce de la misma ley, tanto el presidente como el consejo directivo tienen funciones de dirección. ¿Error de la ley?
Es importante señalar que, desde el gobierno de Fujimori, tanto las disposiciones aprobadas desde la Constitución de 1993 como las leyes en materia de seguridad social han significado debilitamiento y fragmentación de este sistema de protección social, el más importante del país, privilegiando el mercantilismo. El documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), El fortalecimiento de la gobernanza en el consejo directivo de EsSalud, hace referencia a estos cambios, que se mantienen hasta la actualidad. Por un lado, la privatización del sistema pensionario a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), siguiendo el modelo chileno; y, por otro lado, la participación de proveedores privados de salud en competencia desleal, en perjuicio de los servicios que brinda EsSalud con sus propios establecimientos de salud, siguiendo el modelo colombiano, actualmente desfinanciado y mayormente privatizado, con una cuestionada cobertura y calidad de servicio, donde los pobres y grupos de mayor riesgo (niños, ancianos, pacientes oncológicos) son los más afectados.
Ningún gobierno posterior, más aún los de izquierda radical o de izquierda democrática, ha tenido la capacidad de hacer frente a esta política disoluta y destructiva de la seguridad social, que contribuye a la falta de gobernanza. Por el contrario, se han “aggiornado” a ella, sin tener la capacidad de entender la necesidad de preservar y fortalecer este sistema.
Ahora, en este proceso electoral, debemos ser muy cuidadosos de ver a quiénes elegimos; cuidado con los cantos de sirena de quienes, pudiendo hacer algo en beneficio de los asegurados, no han hecho nada, y hoy nos ofrecen el oro y el moro.
