En la Constitución Política de 1978, el gobierno asumía un rol garante de la seguridad social en nuestro país; con la Constitución Política de 1993, el gobierno asume solo un rol promotor de la seguridad social. Este cambio conceptual no es una diferencia semántica, significó el punto de inicio del debilitamiento y fragmentación del sistema de protección social más importante del país, donde los empresarios se han visto ampliamente favorecidos y los trabajadores seriamente afectados. Para ello basta comparar la variación de las aportaciones a las prestaciones de salud y al sistema de pensiones, a la luz de las leyes que se han dado.
En cuanto a las prestaciones de salud, el Decreto Ley 22482, publicado el 27 de marzo de 1979, estableció el régimen de prestaciones de salud del seguro social. La aportación era el 9 % de la remuneración; de ella, el empleador aportaba el 6 %, y el trabajador asegurado aportaba el 3 % de la remuneración.
Posteriormente, con la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790, publicada en mayo de 1997, el aporte por trabajador equivale al 9 % de la remuneración y es de cargo del empleador.
En cuanto al sistema de pensiones, según el Decreto Ley 19990, publicado el 24 de abril de 1973, se estableció que el 9 % de la remuneración era la aportación para pensiones, de la cual el 6 % aportaba el empleador y el 3 % el asegurado titular.
Posteriormente, con el Decreto Ley 25897, publicado el 28 de noviembre de 1992, se estableció el sistema privado de pensiones, definiendo que son los trabajadores quienes asumen la aportación al sistema de pensiones, y esta es del orden del 13 % de su remuneración, tanto en el sistema privado de pensiones (Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) como en el sistema público de pensiones (Oficina de Normalización Previsional – ONP).
Los empresarios que aportaban el 6 % por pensiones, más el 6 % por prestaciones de salud, sumando el 12 % de aportaciones; con las últimas leyes han reducido su aportación a solo el 9 %, por prestaciones de salud, dejando de aportar al sistema de pensiones.
En cambio, el trabajador asegurado que aportaba el 3 % por pensiones, más el 3 % por prestaciones de salud, sumando el 6 % de aportaciones; con las últimas leyes ha incrementado su aportación, descontándole el 13 % de su remuneración por concepto de pensiones. Esto es el doble de lo que antes aportaba.
En las sumas y restas, las leyes han favorecido económicamente a los empresarios y al gobierno en su condición de empleadores; y han afectado a los trabajadores. La seguridad social es una sola, y no pueden decir los empresarios que ellos asumen la mayor carga social. Eso es falso.
