La seguridad social es el sistema de protección social más importante del mundo, y está demostrado que los países con mejores niveles de calidad de vida y de salud en sus ciudadanos van de la mano con mejores sistemas de seguridad social. Esto es casi un axioma; sin embargo, a pesar de ello, en Latinoamérica los gobernantes que adoptan el neoliberalismo como credo, aquello que el papa Juan Pablo II llamó “el capitalismo salvaje”, prefieren su destrucción, privilegiando el mercantilismo en la salud.
El fujimorismo, desde su origen, siguió “a pie juntillas” las indicaciones del Consenso de Washington, y para ello era necesaria una nueva Constitución Política, dando nacimiento a la Constitución de 1993, y con ello inicia el debilitamiento y la fragmentación de la seguridad social. Posteriormente, con las leyes 26790 y 27056, consolida esos propósitos, y le agrega dos elementos destructivos: por un lado, la eliminación de los controles (Consejo de Vigilancia) a la gestión, con una Contraloría y una Fiscalía inoperantes; y, por otro lado, la asignación de facultades omnímodas, casi monárquicas, al presidente ejecutivo, dependiente directo del presidente de la República, quien lo designa, y puede hacer lo que le venga en gana.
Han transcurrido 32 años desde la publicación de estas normas legales, y ningún gobierno, de derecha o de izquierda, ha tenido la decisión de cambiarlas; todos se han “adecuado” a ellas, porque todos los gobiernos han medrado y siguen medrando de EsSalud. Nuestro sistema jurídico está estructurado para ser permisivo con la corrupción y, muchas veces, también ser parte de ella.
En este contexto, el Gobierno, el Congreso de la República y el sistema judicial se esmeran en hacer sentir al asegurado como un convidado de piedra, sin derechos. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y hasta la Procuraduría, instituciones llamadas a defender el derecho de los asegurados a una atención digna, simplemente han hecho abandono de sus funciones. Hasta ahora se esperan sentencias del Tribunal Constitucional sobre acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio Médico desde el año pasado.
Los asegurados deben entender que están solos, y solamente a ellos les corresponde organizarse para exigir su derecho a una atención digna. Si no lo hacen ahora, mañana lo lamentarán, porque hay muchos sectores interesados, públicos y privados, en servirse de EsSalud; para esos sectores la salud solo es una mercancía, un medio de lucro y enriquecimiento, sin importarles los asegurados.
(*) Secretario General del Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social del Perú
