En estos días se está desarrollando el Congreso Médico Nacional organizado por el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, institución representativa de todos los médicos del país, creada hace 61 años por la Ley 15173. En este evento se están debatiendo los problemas de salud del país y el funcionamiento de los servicios de salud, o como se le denomina, el sector salud, donde están incluidos el Ministerio de Salud, EsSalud, las sanidades de la Policía y las Fuerzas Armadas, y el sector privado.
Uno de los temas importantes abordados es el acceso universal de la población a los servicios de salud. El 30 % del gasto nacional en salud es por aportaciones directas de las familias al cuidado de su propia salud, lo que se llama el “gasto de bolsillo”, por el abandono del gobierno, que poco hace para crear en los ciudadanos una conciencia del cuidado de su salud. ¿Cuántos cánceres terminales se evitarían? ¿Cuántos diabéticos e hipertensos reducirían sus complicaciones si controlaran periódicamente su enfermedad?
El cuidado de la salud es un tema que nos atañe a todos; es un tema de derechos y deberes.
En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ella consagra el derecho de toda persona a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Seguridad social y bienestar social son indesligables, y la salud es solo un componente de ello.
Los avances logrados en seguridad social en nuestro país, plasmados en la Constitución de 1979, fueron objeto de serios retrocesos a partir de la Constitución de 1993. La seguridad social se está desdibujando y fragmentando; cuando el gobierno habla del “Seguro Integral de Salud” (SIS) o de “Aseguramiento Universal” (AUS), es simplemente un seguro de salud mal conceptualizado que no tiene nada que ver con la seguridad social.
En 1987, un documento del Banco Mundial sobre el financiamiento de la salud en los países en vías de desarrollo señalaba que una alternativa para financiar el gasto en salud en los grupos sociales de mayor pobreza era la provisión de seguros con una cobertura de atención de salud básica. En el gobierno de Fujimori esta propuesta dio origen al “Seguro Escolar” y “Seguro Materno Infantil”, unificados posteriormente en el Seguro Integral de Salud (SIS). En esencia, el SIS no es un seguro; es un subsidio directo proporcionado por el gobierno a grupos sociales deprimidos económicamente.
Avanzando en esta tendencia, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud (AUS) pone en un solo saco todas las formas de seguros —público y privado— y pseudo seguros. Esta ley es un contrabando jurídico “pintado” como seguridad social sin serlo. Si el gobierno desea verdadera inclusión social, debe apostar por una verdadera seguridad social universal.
