NOTA DE PRENSA N° 049-2020-SINAMSSOP
Secretario general Teodoro Quiñones está a espera de aprobación de la Comisión de Constitución
SINAMSSOP viene gestionando desde hace meses ante el Congreso de la República, la derogatoria del inconstitucional Decreto de Urgencia 014 – 2020, que viola el derecho a la negociación colectiva de los servidores del Estado, y por lo cual el secretario general, Teodoro Quiñones, ha recibido el apoyo directo del presidente del poder legislativo, Manuel Merino, con quien se reunió en dos oportunidades, así como del vicepresidente, Segundo Aliaga, el presidente de la Comisión de Salud, Omar Merino y del congresista, Luís Roel Alva, integrante de la Comisión de Constitución.
Teodoro Quiñones, informó que si bien la Comisión de Constitución aprobó el predictamen de la derogatoria de esta norma que viola también los acuerdos suscritos por el Perú ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se está a la espera de su pronta aprobación final en dicha Comisión, para que pase al pleno del Congreso, en el que debe derogarse esta grosera violación constitucional, que ratifica el espíritu antilaboral del Gobierno de Martín Vizcarra, dijo el dirigente médico y cardiólogo del INCOR.
Explicó que el Gobierno pretende con este Decreto de Urgencia restringir los derechos de negociación y uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos laborales, como el arbitraje llegando a establecer reglas que limitan y generan un trato desigual ante la ley, y vulnera el principio de imparcialidad, olvidando el rol promotor que le asiste al Estado, fomentar la negociación colectiva y no la huelga, como pretende llevar el diseño actual de este inconstitucional decreto, sustentó.
Agregó, que es inadmisible que en un estado de derecho y en pleno siglo XXI, por esta norma, las organizaciones sindicales del Estado, deben ahora casi rogar a Servir, la aprobación de la designación de un árbitro, y que esta entidad pública sea quien designe al presidente de los tribunales arbitrales, siendo así juez y parte, con una escandalosa intromisión del Estado con el quebrantamiento de los criterios básicos de la imparcialidad arbitral, que igualmente viola el dictamen económico financiero que emita el Ministerio de Economía, remarcó.
El Gobierno como una dictadura, cancela así la posibilidad de mejoras económicas y de condiciones de trabajo de los servidores públicos, por medio de la negociación colectiva, reiteró Quiñones, afirmando que afecta el principio de negociación libre y voluntaria, dado que impone un plazo máximo restringiendo la libertad de decidir el nivel de negociación, vulnerando el principio de buena fe, entre otros principios y derechos fundamentales, señaló.
Lima, 16 de octubre de 2020.
SECRETARÍA DE PRENSA Y PUBLICACIONES
/ Celular # 988 465 020
